En este programa nos acompañan:
Lilly Sevilla, Florida – Estados Unidos
Georgina Mendoza, Costa Rica
Elizabeth Monje, Costa Rica
Sarita Venegas, Costa Rica
Alejandro Toledo, Chile
Ariel Alegría, Chile
En este programa nos acompañan:
Lilly Sevilla, Florida – Estados Unidos
Georgina Mendoza, Costa Rica
Elizabeth Monje, Costa Rica
Sarita Venegas, Costa Rica
Alejandro Toledo, Chile
Ariel Alegría, Chile
En este programa nos acompañan:
Lorenzo Vargas, Costa Rica
Ivan Rebolledo, Chile
Gilbert Venegas Pastor, Costa Rica
Alejandro Toledo, Chile
Reinner Chinchilla, Costa Rica
Georgina Mendoza, Costa Rica
En este programa nos acompañan:
Elizabeth Monje, Costar Rica
Noemi Soza, Argentina
Alcides Salazar, Costa Rica
Fabian Porras Pastor, Costa Rica
Reinner Chinchilla Pastor, Costa Rica
Este miércoles el magistrado Alejandro Linares entrega a sus colegas de la Corte Constitucional colombiana una ponencia sobre el aborto. El documento, dado a conocer por W Radio de ese país, propone que las mujeres en Colombia puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin incurrir en un delito antes de la semana 16 de gestación.
La Corte también contempla que se despenalizará el aborto después de la semana 16 de gestación si dicho embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, “certificada por un médico, o si el embarazo es resultado de una conducta debidamente denunciada o, finalmente, si existe malformación del feto que haga inviable su vida”.
Por ahora el tema no está incluido en la Sala Plena de la Corte, pero se espera que se inicie su discusión la próxima semana.
La ponencia del magistrado Linares sobre el aborto ha desatado una tormenta en el Congreso colombiano. Congresistas de distintos partidos reaccionaron a la propuesta del magistrado.
El senador del partido Colombia Justa Libres, el pastor Jhon Milton Rodríguez criticó la ponencia y señaló que se trata de una ponencia “ilegal e ilegítima, que va en contravía del derecho a la vida”.
El congresista dijo que acudirán a todos los canales judiciales para combatir una eventual decisión de la Corte y reivindicó la facultad del Congreso para reglamentar derechos fundamentales.